La legisladora explica a través de los fundamentos que desde la sanción de la ley de paridad de género (27412), se comenzaron a producir cambios en todos los niveles institucionales. Se trata de una norma que acompaña procesos sociales y culturales que son palpables en el día a día.

En este marco, profundizando los actos de reconocimientos de derechos a las mujeres, surgió la idea de impulsar este proyecto para “lograr la paridad de género dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, específicamente en la composición ministerial”.

En la suma de argumentos la legisladora indica que actualmente nuestro país está subscripto a diversos y significativos instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos que tienen como eje promover la participación activa de las mujeres en la vida política y económica.

Agrega después una cita extraída de la norma marco para consolidar la Democracia Paritaria surgida del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatina):

“Durante años, ante la extremamente deficitaria participación y representación de las mujeres en la vida pública y política, el foco para promover la participación de las mujeres estuvo en incrementar su presencia. Hemos avanzado. Y ello sigue siendo absolutamente necesario. Sin duda, la presencia de las mujeres cuantitativa y cualitativa en espacios de toma de decisión política resulta clave para modificar los mismos factores estructurales que las excluyen contribuyendo a cerrar el círculo de la discriminación y la desigualdad de género. Constituye así una precondición para que la agenda pública -y las políticas públicas- incorpore nuevas dimensiones y perspectivas, de modo que sea más integradora, inclusiva y más legítima, al representar los intereses de toda la sociedad 50/50.”