Los motivos de la determinación del Poder Ejecutivo están contenidos en el decreto 2318 del 5 de agosto. En los considerandos del instrumento se indica que la Manda Constitucional supeditó la intervención del Tribunal de Cuentas en las contrataciones de alta significación económica desde su origen, el deslinde de competencias entre las de este órgano de contralor y las de la Contaduría General de la Provincia.

Inmediatamente se sostiene que “el proyecto de ley remitido desde la Honorable Legislatura entrerriana no ha cumplido con dicho mandato constitucional, omisión que obsta a la promulgación de la ley”.

(Prensa Legislativa H.C.S)