En la Comisión de Legislación General del Senado, estuvieron presentes los senadores de San Salvador, Gualeguaychú, Feliciano, Uruguay, Paraná, y Concordia, Lucas Larrarte, Nicolás Mattiauda, Miriam Espinoza, René Bonato, Raymundo Kisser, y Angel Giano, respectivamente.

En el marco del encuentro, se trataron y terminaron de definir muchos de los temas que en anteriores reuniones se venían abordando. Por un lado, se firmaron los despachos para la creación del Colegio de Profesionales de Educación Física, y también del Colegio Médico.

Asimismo, se acordó despacho para el proyecto de ley por el cual se crea y regula el Patronato de Liberados en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En el texto de cinco capítulos y 30 artículos, se deja sentado que serán misiones de la Dirección General del Patronato de Liberados, además de lo establecido en el art. 1º, las siguientes: a) Contribuir a la reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba, como así también el control del cumplimiento de las normas de conductas impuestas a dichas personas por los Juzgados Federales con competencia en la Provincia de Entre Ríos, Juzgados de Ejecución de Penas de la Provincia de Entre Ríos o autoridad análoga o similar con competencia en nuestra provincia. b) Potenciar la interacción con todos los órganos del Poder Judicial, tanto de la Justicia

Ordinaria Provincial como Federal en el fuero penal. c) Optimizar la coordinación de esta Dirección con los distintos estamentos del Poder Judicial. d) Abordar preventivamente los factores que contribuyen a la reincidencia. e) Fortalecer las redes institucionales relacionadas con la reinserción social. f) Generar espacios de concientización acerca de la problemática social abordada por esta Dirección. g) Fomentar y construir espacios de elaboración de políticas conjuntas intra e interministeriales. h) Fortalecer la descentralización operativa para una mejor gestión de recursos y cumplimiento de las funciones de la Dirección General del Patronato. i) Promover, informar y asesorar en materia de su competencia al Poder Ejecutivo u otros organismos públicos o privados de jurisdicción provincial o nacional, contribuyendo al estudio de las reformas de la legislación vinculada a su materia. j) Realizar tareas de investigación y llevar estadísticas sobre la ejecución de la pena en libertad.

Otro tema con el cual se avanzó en el despacho favorable fue la Ley Procesal de Familia, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En los fundamentos del texto que consta de 341 artículos, se manifiesta que “en los últimos años en nuestro país se han ido incorporando, reconociendo derechos a sectores de la sociedad que históricamente se encontraban desprotegidos, y en gran medida esos derechos son exigidos judicialmente y están directamente relacionados con los procesos de familia. Paralelamente se verifica una creciente conflictividad familiar que se traslada a la sociedad y colabora con hacer crisis especialmente en nuestros juzgados. Todo esto ha dado nacimiento a la actuación de un Juez más activo en el proceso, privilegiando la oralidad y la inmediatez –receptada en este anteproyecto en la oficiosidad- generando el consecuente deber de aggiornar las instituciones existentes y agregar nuevas estructuras al proceso. En igual sentido temas como la protección de los niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, y los procesos de salud mental, entre otros, han sido centro y ejes de las nuevas propuestas normativas, por lo que la dotación de mayor celeridad y eficacia en el proceso, en este caso de familia, redundará en mayor paz social”.

Ambos temas estarían ingresando en la sesión de hoy, para posteriormente ser tratados por el pleno de la Cámara y recibir aprobación, ya que ha reinado el consenso de todos los bloques que integran la Comisión.

Asuntos Constitucionales y Acuerdo

En la posterior reunión de Comisión, que preside también el representante de San Salvador, Lucas Larrarte, participaron los senadores de Concordia, Federal, Victoria, Diamante, y Paraná, Ángel Giano, Nancy Miranda, Roque Ferrari, Rogelio Schild, y Raymundo Kisser, respectivamente.

En el encuentro se avanzó en la elaboración del despacho de la Ley de Ética en la Función Pública, a la cual en forma consensuada se le están introduciendo algunas modificaciones de acuerdo a la media sanción de la Cámara de Diputados.

En el objeto de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública se establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, siendo de aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial.

Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, abordaron y analizaron la norma que se aprobó en Diputados por la cual se reemplaza el Capítulo V de la Ley 8369 incorporado por el artículo 16 de la Ley 9950 cuyos artículos 62 al 65 regulan la acción de amparo ambiental.

(Prensa Legislativa HCS)