El presidente de la Comisión y autor de la iniciativa, el senador por Concordia Angel Giano, dio la bienvenida a los presentes en el recinto de la Cámara Alta. Lo acompañaron sus pares de Colón, San Salvador, Gualeguay, y Paraná; Pablo Canali, Lucas Larrarte, Francisco Morchio, y Raymundo Kisser, respectivamente.

Para dar su visión sobre el tema, estuvieron presentes miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Secretaría de Trabajo, del Colegio de Abogados, y de instituciones que trabajan la problemática específicamente.

El presidente de la Comisión manifestó a los presentes que “estamos dispuestos a recibir sugerencias”. Giano explicó los alcances del proyecto y señaló que la idea de la convocatoria es “que nos puedan dar su versión, para que desde la Comisión podamos oportunamente emitir un dictamen para avanzar en un proyecto definitivo”.

Aportes al proyecto de ley

El primero en tomar la palabra fue Bernardo Salduna, vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Entre Ríos, quien agradeció la invitación. Consideró “interesante y avanzado el proyecto en muchos aspectos”, sin embargo realizó observaciones generales, como por ejemplo que “es una mala técnica legislativa incorporar una ley con características tan avanzadas insertándola dentro de un Código envejecido que deberá quedar sin efecto”.

Posteriormente la vocal de Cámara Fabiola Bogado Ibarra, señaló cuestiones inviables. Coincidió con Salduna en la reforma del Código Procesal Laboral, y en que “se invade el derecho sustantivo que está vedado a las provincias”. Señaló además que “los jueces deben tener en cuenta la gravedad de la situación, sin marcar días y horas, y hay que ubicarse en el vínculo laboral, debe preservarse, y darle una respuesta a la mujer pero entre las medidas sugeridas es designar un acompañante, lo que es imposible en esta vinculación”. Otro punto marcado fue el de “separar al agresor de la víctima, y no cabe en lo laboral, se podría generar conflictividad en los términos que está redactado el proyecto, y quedarían postergadas las verdaderas situaciones de violencia de las mujeres”. Bogado Ibarra manifestó que “tenemos herramientas para el trabajo diario” por lo que “más allá del loable propósito, hay muchos aspectos para retocar”.

Más voces

Emilio Castrillón, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, celebró la convocatoria y la oportunidad de efectuar aportes desde el Poder Judicial, donde “no todos pensamos de la misma manera”. Castrillón se preguntó por violencia laboral o administrativa, y si bien coincidió en la necesidad de reforma del Código Procesal Laboral, “disiento en cuanto a la no pertenencia de introducir la norma porque viene a regular la violencia”. En este sentido apuntó a violencia laboral no específicamente a la mujer, apuntó a la intromisión de organismos en los casos puntuales, y al pago de los abogados en estos casos de violencia, lo que es un elemento importante, y debe abarcar tanto el ámbito público como privado. Asimismo trajo a colación la mediación previa a judicializar los casos, y dejó sentado que “hay más coincidencias que disidencias y hay que seguir para adelante, este tema tiene que ser sancionado, la violencia laboral de varones y mujeres debe ser regulada con una protección y velocidad en la atención del problema”.

Por su parte Oscar Balla, Secretario de Trabajo y Seguridad Social, dijo coincidir en que “no hay distinción de sexo para sufrir violencia laboral”. Luego de referirse a distintos artículos, entendió que “en la legislación laboral ya está previsto por ejemplo igual pago por mismo trabajo”. El funcionario contó que “hoy tenemos denuncias en un programa llamado Defender, y muchas veces podemos ver la gravedad del caso, y si consideramos eso le informamos al juez para que se empiece a trabajar de forma inmediata”. También puso énfasis en que en el ámbito privado se termina en despido, y en lo público en una reubicación, y además existe violencia entre pares.

Gerardo Ormaechea, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos sección Paraná, celebró “criticar de manera constructiva”. En esta línea manifestó que al proyecto de ley en cuestión “faltó vincularlo a la discriminación”. Asimismo, contiene repeticiones, por lo que “cuanto más simple más eficiente”. Por último apuntó que “el Estado no se debe apropiar del conflicto privado”.

Emilio Matorras, Presidente de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral de la ciudad de Paraná, realizó un análisis del texto abordado, y dijo que “en los fundamentos del proyecto se habla de un procedimiento específico, tema que ya está en la legislación vigente, no podemos compartir decir que no contamos con procedimientos con celeridad”. Luego de enumerar diferentes normas sobre el asunto tratado, coincidió con Castrillón de que “toda ley erradica la superfluidad, y en el texto de Giano hay repeticiones”, por lo que “habría que compatibilizar con otras normas para que no se produzcan confusiones de competencias”.

La Presidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, Gabriela López Arango, manifestó por su parte que “comparto las observaciones que se han hecho”. “Estamos esperando las modificaciones al Código Procesal Laboral, y dentro de eso poder incorporar lo específico que se quiere incorporar aquí”. La abogada apuntó sobre la celeridad: “se han dado respuestas satisfactorias desde el Poder Judicial”, y cuestionó algunos puntos contemplados en el proyecto, “habría que pensarlo un poco más porque se va más allá de la voluntad de las mujeres afectadas”.

Yanina Yzet, de la Oficina de Violencia de Género S.T.J.E.R., celebró estar convocados por esta temática, y defendió el proyecto de ley. En este sentido trajo a colación estadísticas actuales, y puso hincapié en que “tiene coherencia con la ley nacional y trata de incorporar herramientas para su aplicación”.

También dieron su visión desde el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas Contra las Violencias (COPREV). Su titular, Mariana Broggi, señaló la importancia y necesidad de este debate. “Tenemos que unificar criterios y poder plantear desde la perspectiva de género; claramente las mujeres estamos ante una situación en algunos casos de vulnerabilidad y se ha avanzado en legislación con trabajos concretos”. En este sentido dijo que “en lo cotidiano estamos ante la realidad de dar una respuesta y poder acompañar el proceso de terminar esa situación de violencia”.

Por su parte Gonzalo García, director de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, apuntó a una “mirada integral, es un mensaje institucional muy fuerte”, lo que significa una “mirada positiva al proyecto”. Tras analizar distintas normativas puso énfasis en “una mirada más sociológica con los derechos de la mujer a la vanguardia”.

Balances

Quien tomó la palabra al cerrar la ronda de aportes, fue el senador Kisser: “fue sumamente enriquecedor este debate”. Manifestó que “tenemos una sociedad violenta en todos los órdenes, y a veces como legisladores no tenemos una mirada horizontal”. Asimismo apuntó a que “hablarlo desde la óptica de la mujer es quedarnos en mitad de camino, y tampoco hacer distinción entre lo público y lo privado, la violencia es una sola, no tiene género, ámbito, y además tenemos que legislar para prevenir la violencia, lo que ya estamos trabajando con algunos proyectos sobre esto”.

El senador Larrarte, en tanto, dijo que “los agradecidos somos nosotros”. Hizo mención a la crítica sobre la técnica legislativa, ya que el texto de Giano “podría ser una ley autónoma, no un nuevo capítulo”. Instó además a que los invitados realicen los aportes por escrito para trabajarlos en un texto.

Para dar por finalizada la reunión, el senador Giano manifestó que “la idea es escuchar la opinión crítica de quienes trabajan en el tema”. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, culminó diciendo que “vamos a tratar el proyecto con las modificaciones planteadas”.

El proyecto

En los fundamentos del texto de Giano, se lee que el mismo “se funda en la necesidad imperativa de contar con un procedimiento específico para los casos de violencia laboral contra la mujer, el cual se desarrollará en la competencia de los tribunales laborales”. Entiende que “la carencia de un procedimiento actual produce que los hechos encuadrados no sean resueltos con la celeridad y dentro del ámbito correspondiente”.

Aporta datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (REJUCAV). Sobre un total de 13.928 expedientes cargados en el periodo 21/03/16 hasta 16/08/17, 5.315 (38%) corresponden a violencia contra la mujer. Entre ellos se registra en la modalidad laboral 77 expedientes, lo cual corresponde al 1,4%. El número de mujeres víctimas de violencia en la modalidad laboral es de 82, registradas en los 77 expedientes analizados, cifra significativa tratándose de una de las modalidades de violencia menos denunciadas y de incipiente visibilización.

El proyecto de ley contempla los ámbitos de actuación, la participación coordinada de la Justicia Laboral y la Justicia Penal, distintos aspectos referidos a las denuncias, medidas preventivas urgentes, audiencias, informes, recursos, medidas frente al incumplimiento, y articulación.

(Prensa Legislativa HCS)