Presidió el titular de la Comisión, senador de San Salvador, Lucas Larrarte (FpV) y estuvieron presentes los senadores de Federal, Diamante, Concordia, Victoria y Paraná, Nancy Miranda (FpV), Rogelio Schild (Cambiemos), Ángel Giano (FpV), Roque Ferrari (Cambiemos) y Raymundo Kisser (Cambiemos). Fueron asistidos por el secretario de Cámara, Natalio Gerdau; el coordinador de labor parlamentaria, Lautaro Schiavoni y uno de los secretarios adjuntos de comisiones, Néstor Ferrutti.

Agente Fiscal de Paraná

A las 8:45 comenzó la Audiencia Pública del doctor Juan Francisco Malvasio, propuesto para ser Agente Fiscal de Paraná. El presidente de la Comisión destacó, al referirse a la tramitación, que se ha dado cumplimiento a todo lo establecido por el reglamento del Cuerpo y no se han recibido objeciones en el tiempo previsto para ello. El profesional surgió del concurso 185 del Consejo de la Magistratura. Después el secretario del Senado, Natalio Gerdau, leyó los antecedentes y Larrarte le explicó los alcances que tiene esta instancia.

El doctor Malvasio detalló su patrimonio y su situación fiscal, indicando que se han presentado ante el Superior Tribunal las declaraciones juradas que corresponden a su actividad. Añadió que ejerce como agente fiscal desde el año 2014, ante la convocatoria de la procuraduría. Decidió concursar en Paraná porque aquí se encuentra su núcleo familiar.

Precisó que trabaja en una unidad fiscal que se ocupa de los delitos más graves, que deben concluir con en un juicio oral y público, o por regla general deben concluir con una condena, en un juicio contradictorio, o uno abreviado. También lleva adelante los delitos contra la administración pública.

Consultado sobre los recursos con los que se cuenta dijo que “son escasos” por el volumen de las investigaciones. Cuenta con un empleado por fiscal. Reveló que ante el cúmulo de causas, se han sumado algunos profesionales, no obstante lo cual remarcó que “el recurso humano es escaso”, sobre todo al momento de requerir pericias técnicas concretas. “Se redoblan esfuerzos y se coordina con otras fuerzas”, afirmó, mostrando el modo de subsanar la falta de recursos y así llevar adelante las tareas de manera integral.

Consultado sobre la aplicación del Juicio Abreviado, Malvasio dijo que “es un procedimiento, que si bien es utilitarista, porque sirve para descomprimir, es un juicio, donde lo único que se descarta es la contradicción de la prueba. Hay una acusación, una defensa y luego un magistrado que debe analizar si las evidencias son suficientes y si la evaluación del ministerio público ha sido correcta, como así también si es correcta la pena”.

En el caso de los delitos contra la integridad sexual, algunos cambios propuestos en la legislatura, iría tal vez en desmedro de las víctimas, que muchas veces no quieren llegar al contradictorio. El letrado comentó también el impacto de algunos fallos, lo que llevó a la Procuración a determinar que para aplicar un abreviado en este tipo de delitos, se debe contar con el consentimiento de la víctima, con razones fundadas.

En el caso de los delitos contra la administración, consideró que si es beneficioso para la sociedad, se pueda llevar un abreviado en este tipo de casos.

El senador Giano lo consultó sobre la aplicación del sistema acusatorio. “Es un sistema perfectible, siempre hay cosas para modificar”, acotó el entrevistado. Indicó que ya hubo cambios saludables y está funcionando correctamente. En relación a uno de los proyectos que está en danza, se tiende a hacer modificaciones que irían en desmedro del sistema adversarial, pretendiendo recortar facultades al fiscal y así volver a cuestiones del sistema mixto.

Relación con los medios

Lo consultó también sobre la relación con los medios de prensa en casos de repercusión pública, donde se debe respetar el principio de inocencia y muchas veces se da una condena social. El doctor Malvasio recordó el artículo 230 del Código Procesal Penal.

La normativa precisa que el fiscal, las demás partes y el juez de garantías “podrán informar a la prensa sólo respecto del hecho de la Apertura de Causa, sin efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes hasta que el Fiscal formule el Requerimiento de Remisión de la Causa a Juicio”.

“Indica qué es lo que pueden informar las partes durante la investigación preparatoria, donde se preserva al imputado”, comentó Malvasio y reflexionó que si se contrasta este artículo con el espíritu del sistema acusatorio y las audiencias públicas, vemos una mínima contradicción. “El único límite al informar, porque representamos al Estado, el fiscal tiene que buscar dar información adecuada, precisa, objetiva”, agregó.

Señaló que si aparece una condena social, no es por lo actuado desde la Justicia, sino por lo que se difunde en los medios.

Delitos económicos

Giano lo consultó sobre la capacidad para combatir los delitos económicos. “Necesitamos recursos humanos y tecnológicos para avanzar en esas causas”, reiteró y afirmó que “las causas, más allá de esto, siguen avanzando. Hay que esforzarse para ser más rápidos y que la efectividad de las pesquisas se pueda ver rápidamente”.

El Senador Ferrari le preguntó si los recursos demandados se le brindan o no. Ante esto, Malvasio, puso un ejemplo de una causa en la que se necesitaban recursos y aparecieron resabios de la legislación anterior. “Necesitábamos hacer una pericia para elevar a juicio y había que hacer todo un camino que nos demandaría muchos meses y asumimos el criterio de hacerlo a través de un organismo Federal, que tiene capacidad técnica y ha llegado a buenos resultados”, puntualizó y le contó a los legisladores los dilemas que debieron enfrentar ante la presentación de una de las partes y se generó un retraso.

Tomó la palabra el senador Kisser y le consultó sobre los delitos de significación económica, como una defraudación, si ante eso no hay que crear un equipo específico con alguna independencia dentro del Poder Judicial. Surgió el tema del la fiscalía anticorrupción, el que debería contar con un equipo de trabajo multidisciplinario para llevar adelante las causas. Opinó que nombrar solo un fiscal, sin equipo, no permitiría mejorar.

El Senador Larrarte le consultó sobre si tuviera que ordenar los principios que rigen el proceso penal actual y los principios constitucionales del menos al más importante, cómo lo haría. “Acusación, defensa y juez que resuelva”, respondió el entrevistado y sobre los principios constitucionales destacó la condición de inocencia como premisa, el derecho de defensa, el debido proceso, el plazo razonable y el derecho de la víctima.