El encuentro comenzó pocos después de las 17 y fue presidido por Lucas Larrarte (FpV – San Salvador) y estuvieron presentes los representantes de Victoria, Federal, Concordia, Diamante, Paraná y Colón, Roque Ferrari, Nancy Miranda, Ángel Giano, Rogelio Schild, Raymundo Kisser y Pablo Canali, respectivamente. Se trabajó sobre pedidos de Acuerdo Constitucional y en los expedientes de ley de ética pública que hay en Senadores.
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Además, se recordó que durante la audiencia pública realizada la semana anterior en el Recinto de la Cámara de Senadores la profesora Landó respondió a los pedidos de los legisladores sobre el tema. También había enviado oportunamente su descargo por escrito a la comisión de Asuntos Constitucionales.
A la espera de ANSES
Nuevos pedidos de Acuerdo
Se va a elaborar un cronograma de trabajo para continuar sobre ese grupo y definir las fechas para la realización de las audiencias públicas.
En cuanto a los restantes se decidió remitir notas al Poder Ejecutivo para precisar información sobre algunos de los cargos a cubrir, para completar la documentación que tiene que ser parte del expediente y ser puesta a disposición de la ciudadanía entrerriana.
Ley de Ética Pública: unificarán expedientes y habrá modificaciones
Después de definir el tenor de las notas en demanda de información sobre los pedidos de Acuerdo el Senador Larrarte propuso trabajar sobre los proyectos de ley de Ética Pública que hay en el Senado.
Uno ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el otro fue presentado por el senador de Diamante, Rogelio Schild.
Se acordó que en la sesión de esta semana se solicitará la unificación de los mismos y se hará un cronograma de trabajo para tratar cuanto antes el tema en sesión. “Seguramente habrá que introducir algunas modificaciones”, explicó Larrarte.
El proyecto que tiene media sanción establece “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal de acceso, siendo de aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial”.
Define como función pública a la actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
El tema comenzará a ser profundizado en la próxima reunión de comisión.
Declaraciones juradas
Al observar parte del articulado los legisladores se ocuparon del capítulo referido a las Declaraciones Juradas de los funcionarios y el modo en que éstos deberían incluir la información relacionada con tenencia de acciones, efectivo y datos bancarios.
Otro punto fue el tiempo durante el que debe estar a resguardo y disposición la declaración jurada y quienes son los funcionarios que serán responsables.
La normativa prevé la creación de un organismo, con un responsable que dura 4 años en su cargo, que deberá tener Acuerdo del Senado y puede ser reelecto una vez. Los Senadores dijeron que habrá que ver si no se puede unificar en ese solo organismo la presentación de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado.
También se agregó la posibilidad de adhesión de los municipios, lo que debe hacerse sin interferir en su autonomía.
Intercambiaron una serie de ideas en torno al artículo 37 de la Constitución Provincial, donde está perfectamente establecido que “los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública”.