El Senador Larrarte, que preside esta comisión, informó que ingresaron los pliegos proponiendo a Marta Landó como directora General de Escuelas de la provincia y a Marisa Mazza como vocal del Consejo General de Educación.

Los senadores dieron despacho favorable para que Perla Florentín reciba el Acuerdo Constitucional para ser Vocal del Consejo General de Educación. Cabe recordar que la docente estuvo la semana pasada en Audiencia Pública, que se realizó en la Cámara de Diputados.

Expropiación

También se firmó dictamen para un proyecto de ley del Senador Giano declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Concordia, para ser destinado a la construcción de viviendas.

El proyecto autoriza a la Municipalidad de Concordia a gestionar la adquisición en forma directa, conforme a la estimación efectuada por el Consejo de Tasaciones de la Provincia.

Instituto Becario

Otro de los temas que trataron los legisladores fue un proyecto de ley del Senador Kisser que propone incorporar al contralor de la Contaduría General al Instituto Becario Provincial.

Kisser indicó que se trata de lograr un “control preventivo”, sobre todo observando algunas de las responsabilidades asumidas por el Instituto, como por ejemplo con la administración de la contratación del transporte escolar.

Los legisladores comentaron que es menester analizarlo en profundidad y seguramente amerita que estén ante los miembros de la comisión representantes de la Contaduría y del propio Instituto.

Recordaron que la incorporación del Instituto en la gestión del transporte escolar ha generado beneficios a todo el sistema y se ha logrado un mejoramiento en el servicio.

Larrarte propuso que se convoque a Claudia Gieco, a Aurelio Miraglio y a representantes de la Fiscalía de Estado. También será parte de ese encuentro el Senador René Bonato, representante del Senado en el Instituto.

Procedimientos constitucionales

La comisión también se ocupó de un proyecto de ley que propone cambios en la ley procedimientos constitucionales.

Se trata de incorporar el artículo 55 bis, que establecería que “la demanda de inconstitucionalidad por omisión prevista en el artículo 62 de la Constitución Provincial, será interpuesta por el interesado ante el Superior Tribunal de Justicia, quien ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva. En el escrito inicial se mencionará la Ley u Ordenanza sin reglamentar, señalando con toda claridad y precisión cuál es la garantía o derecho constitucional violado producto de la omisión de la reglamentación de la norma”.

Agrega que dicha acción “procederá en aquellos supuestos en los que la omisión vulnere un mandato constitucional o legal concreto de reglamentar, y el Estado no hubiese dispuesto la reglamentación necesaria a los efectos de logro de la operatividad del derecho o garantía invocado por el reclamante, dentro del año de la sanción de la norma de la norma que la impone”.

Y cierra la iniciativa indicando que “en el supuesto en que se condene a la autoridad renuente al dictado de la norma omitida, se fijará el plazo de un año para que lo haga, vencido el cual y ante la persistencia en el incumplimiento, el tribunal integrará la misma o, de ser esto imposible, ordenará, si correspondiere, la indemnización al demandante del daño que sumariamente acredite."

Son autores los senadores de Gualeguay y Gualeguaychú, Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda, respectivamente.

Se determinó profundizar el estudio de este proyecto para determinar si no va contra lo reglado por la Constitución de la Provincia, y los alcances de la Carta Magna Nacional.

Estuvieron presentes los senadores de San Salvador, Concordia, Diamante, Paraná y Victoria, Lucas Larrarte, Ángel Giano, Raymundo Kisser y Roque Ferrari, respectivamente.