El encuentro comenzó poco después de las 18 en la sala de reuniones de comisiones legislativas del Senado, en el segundo piso de la Casa de Gobierno y estuvieron presentes los senadores de San Salvador, Feliciano, Federal, Tala, Concordia, Paraná y La Paz, Lucas Larrarte, Miriam Espinoza, Nancy Miranda, Exequiel Blanco, Ángel Giano, Raymundo Kisser y Aldo Ballestena, respectivamente
El proyecto define a la responsabilidad social como “la forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la organización con todos los públicos con los cuales se relaciona y por el establecimiento de metas compatibles con el desarrollo sustentable de la Sociedad, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales, preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras y respetando la diversidad”.
El encuentro
Abrió el encuentro el presidente de la Comisión, Lucas Larrarte, quien agradeció las presencias y comentó que dentro de los más de 80 proyectos de ley que se encuentran en estudio en esta comisión, se decidió avanzar en el de responsabilidad y como es costumbre, los legisladores querían conocer a quienes trabajaron en la construcción de la propuesta.
Estuvieron frente a los legisladores representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, de Universidades públicas y privadas, del Consejo Empresario de Entre Ríos y de la fundación Petropack, entre otros.
Desde Desarrollo social Juan Bracco agradeció la invitación de los legisladores y destacó que “el avance en este tema es una decisión política de Bordet, que al comienzo de su gestión lanzó el diálogo social”.
Se busca mejorar la prestación de los servicios y la aplicación de las políticas sociales. Incluir al sujeto de derecho de manera concreta y trabajar el observatorio de políticas sociales que funciona en la órbita del ministerio para ir mejorando en forma sostenida.
Se trata de ver el desarrollo en el territorio de las políticas que se implementan. Son concretos los avances y lo hecho en Entre Ríos ha merecido la atención y elogio de organismos internacionales como UNICEF.
Relató que en el marco del Consejo de Políticas Sociales se hicieron comisiones y una es la de responsabilidad social, que propuso la generación del marco normativo que está ahora en la legislatura. “Es inédito, único en la argentina, por el ida y vuelta que genera entre los actores sociales de la provincia”, enfatizó Bracco.
Historiando el modo en que se llegó al texto puesto a la discusión destacó el debate que tomó como base cuatro proyectos. Desde ahí se hicieron foros para escuchar a los representantes de toda la provincia, de todos los sectores que hoy estuvieron frente a los Senadores. “Asumimos como bien propio el texto que los legisladores están analizando en esta comisión. Es fruto del consenso”, indicó el funcionario.
Alcanzar una norma sobre este tema pondría a Entre Ríos, que tiene una extensa trayectoria en cuanto a la responsabilidad social, a la vanguardia, por lo novedoso, por la forma en que se llegó al consenso, en un marco nacional donde se observan tensiones en lo social que requieren el concurso del Estado y por no existir normativas sobre el tema.
En varias oportunidades se destacó desde los presentes que fue una consulta popular abierta la que precedió la redacción del proyecto, de la que participaron más de 40 asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, que hicieron muchas recomendaciones, las que están reflejadas en el documento.
Se entregó al presidente de la comisión de Legislación una serie de documentos entre los que se destacan adhesiones de las organizaciones sociales, de las empresas participantes y hasta de municipios que ven muy bien el proyecto, que apunta a su futura adhesión.
También se acercó el resultado del evento Entre Ríos responsable. “Hay una gran riqueza en el resultado de los conversatorios, que pueden mostrar claramente cuál es el espíritu que anima esta propuesta”, puntualizó.
Detalles del proyecto
Posteriormente el licenciado Cristian Ulián brindó un detalle artículo por artículo del proyecto y mencionó la importancia del trabajo desde asociaciones como el Consejo Empresario de Entre Ríos y de las Universidades con asiento en nuestro territorio.
Recordó que hubo algún proyecto sobre el tema en el año 2014, que no prosperó. Nunca se dejó de trabajar y el año anterior, con el impulso de la actual administración se llegó al texto que fue entregado al Gobernador después de encuentros realizados en las ciudades de Concordia y Paraná. “Celebramos estas instancias para la elaboración de políticas pública”, opinó.
Explicó que todos los actores de la sociedad civil “pueden contribuir a esta responsabilidad social, en sus áreas de influencia y en los diversos niveles”. No dejó de mencionar que se dan numerosas tensiones sociales y por eso destacó los aportes de los actores más dinámicos de la provincia en la construcción del proyecto.
Añadió que las empresas tienden a “hacer algo más que buscar la rentabilidad solamente”, destacando el compromiso de las empresas entrerrianas.
Un punto que consideró importante es que, en el seno del Consejo, además de Empresas, Universidades, también están representados los trabajadores, todos contribuyendo a la responsabilidad social.
La economía social, el acompañamiento por parte del Estado, es una parte importante de la contención y la generación de oportunidades para muchos entrerrianos, puntualizó, agregando que se intenta armonizar los esfuerzos individuales que muchos ya hacen en la provincia, articulando la relación entre el Estado y el sector privados.
Se trata, indicaron, de generar un circulo virtuoso entre las instituciones para impactar positivamente en el territorio. No se debe limitar la responsabilidad social solo al marco empresario.
Por su parte Inés Artusi, coordinadora de la Fundación Petropack, reveló que la responsabilidad social es una forma de visión que se va asentando en muchos sectores y cuando se integran asociaciones, aparece una gestión integrada de actores que se desenvuelven en la sociedad civil. “Esto es participación, involucramiento”, no solo dar algo e irse.
Es aplicable a cualquier situación social, a cualquier grupo vulnerable, los que tienen que ser atendidos por recursos y actores que ya existen.
Se trata de aprovechar mejor lo que se tiene en la actualidad y mejorar los resultados, observaron desde la fundación y la universidad, explicando a los legisladores que el voluntariado (hay una ley específica en Entre Ríos) es parte de la responsabilidad social.
El senador Larrarte comentó acciones que se despliegan en su departamento, que pueden enmarcarse en este modo de encarar las políticas públicas, donde lo más importante es el seguimiento de lo que se comienza por este tipo de acciones, para que tengan un sostenimiento en el tiempo y realmente ayuden a las personas a superarse y mejorar su calidad de vida.
Artusi también explicó que es de singular importancia para las empresas lo relacionado a la responsabilidad social. En todas las transacciones internacionales es un parámetro analizado por potenciales proveedores de mercaderías o servicios, y también por aquellos que los requieren de empresas argentinas.
“El texto refleja los grandes consensos”, señaló, lo que fue resaltado también desde el Consejo Empresario de Entre Ríos.
Por su parte la senadora del departamento Feliciano, Miriam Espinoza, destacó la cohesión entre instituciones privadas y del Estado, lo que hace, según su postura, a la constitución de una trama social que permite atender integralmente a los sectores más vulnerables, lo que se siente con fuerza en localidades pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos.
Fundamentos del proyecto
En el expediente enviado al Senado el Ejecutivo indica que el abordaje de las políticas sociales exige articulación y acciones coordinadas para evitar la dispersión y/o superposición de recursos, tanto humanos como económicos, y a esto suma “el fortalecimiento de las instancias de diálogo, organización y trabajo interinstitucional”.
Menciona, en relación al Consejo de Políticas Sociales, que “la gestión, articulación, coordinación, organización, información y relevamiento desde la transparencia e integralidad de las acciones, son los objetivos fundamentales en los que se estructura su tarea”, haciendo sido pensado como “un espacio estratégico para la planificación y la coordinación del trabajo en políticas sociales”.
Establece, en orden a estos argumentos, que “las problemáticas actuales requieren respuestas rápidas e integrales, es decir, que sumen todas las miradas y voces, integrando sus planes y programas sociales para contribuir al fortalecimiento del trabajo conjunto e integrado”.
Sobre estos conceptos el Poder Ejecutivo afirma que “es intención retomar la tarea articulada ya vivenciada y reactivar la actividad de los distintos actores provinciales, aunándolos en un espacio común de diálogo, consenso y generación de herramientas”. Destaca además que se debe incorporar a los municipios a la tarea.
El proyecto
El proyecto crea el régimen, define la responsabilidad social y plantea una serie de objetivos para favorecer su desarrollo en el ámbito público y privado. Además, deberá estimular, fomentar y difundir las políticas para contribuir al desarrollo de comunidades más inclusivas e integradas, mediante la adecuación progresiva de las organizaciones a las necesidades sociales.
Pone como eje una fuerte difusión del tema y además incorporarlo al sistema de enseñanza en todos sus niveles. Es de singular importancia la elaboración y difusión de reportes, informes, balances, memorias y todo tipo de guías de responsabilidad social, para que con esto se contribuya “a la transparencia de las organizaciones frente a sus diversos públicos”.
Uno de los objetivos del proyecto es lograr “la elaboración de un Código de Ética dentro de cada organización. Se considera como sujetos de la práctica de la responsabilidad social a los tres poderes del Estado, a los municipios y gobiernos locales, a las empresas privadas y públicas, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y los integrantes de la sociedad civil.
En el proyecto se propone una autoridad de aplicación (Ministerio de Desarrollo Social) y establece qué facultades tendrá. También se crea un Consejo, para favorecer el diálogo político-social entre el Estado, las Universidades, las empresas privadas y organizaciones sociales en el diseño y monitoreo de actividades tendientes al desarrollo de la Responsabilidad Social.
Este consejo tendrá un directorio con facultades concretas, entra las que se destaca la certificación de los reportes sociales. Se suma dentro de la estructura planificada un Instituto de Responsabilidad Social.
El reporte Social
En el proyecto se define como reporte social al documento que recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de prácticas socialmente responsables, desarrolladas por alguna organización, permitiendo evaluar su desempeño en términos de activos y pasivos sociales durante un período determinado.
La información económica sobre la inversión que pueda darse en responsabilidad social, deberá certificarse por profesionales de las ciencias económicas matriculados de acuerdo a lo establecido en la ley 7866.
Prensa Bloque FPV