Se realizó esta tarde, en el recinto de la Cámara de Senadores una reunión de la Comisión de Seguridad. Fue para analizar posibles cambios en la ley 3815 (Contravenciones Policiales), agregando un apartado para sancionar aquellas situaciones de violencia que se den dentro del ámbito escolar y afectan al personal docente y no docente de los establecimientos educativos entrerrianos. El Ministerio de Gobierno elaboró una serie de propuestas que fueron puesta a disposición y compartidas con todos los presentes en el encuentro.

Todos los presentes mostraron preocupación por los hechos de violencia dentro de escuelas y comprometieron su trabajo para encontrar herramientas que permitan una fuerte defensa de los trabajadores docentes y de la escuela pública, para trabajar con el objetivo de cambiar conductas de violencia que se dan dentro del ámbito escolar.
El encuentro
A las 18,15 el Senador Giano dio la bienvenida y agradeció las presencias, explicando el mecanismo aplicado por la comisión de Seguridad, que está trabajando la idea de tener un mecanismo de defensa para quienes se desempeñan en establecimientos educativos entrerrianos. Señaló que “se trata de mejorar el código de contravenciones de la provincia, una ley antigua, pero creemos fundamental la defensa de los trabajadores de la educación”. Después dio detalles de la iniciativa, entregando copia a cada uno de los participantes.

“Pensamos en generar agravantes, como es que una falta contra un trabajador de la educación, se haga frente a alumnos”, explicó. “Vemos con estupefacción lo que nos muestran los medios cuando son agredidos, hostigados, insultados, los trabajadores de la educación”, señaló el legislador.

Mostró antecedentes de la provincia de Buenos Aires sobre el tema, con un espíritu similar a la iniciativa que ahora proponemos para Entre Ríos.

Informó a los presentes que un proyecto similar se debatió en relación a los trabajadores de salud.

“Este encuentro es un disparador, podemos llegar o no a sancionar una ley, pero la legislatura no puede estar ajena a este tema y por lo tanto oír a los actores del sistema es de fundamental importancia”, enfatizó.

Kisser destacó que “se trata de resguardar fundamentalmente al educador y esencialmente al ámbito educativo, para que sea adecuado para que el niño se forme, se eduque, porque se ha ido generando al amparo de diversas invocaciones un desorden que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Agregó que “se debe propugnar a lograr un ámbito virtuoso. No puede ser que el padre o tutor pretenda imponer al docente condiciones en relación a la educación de su hijo”.

Desde los gremios compartieron la idea de proteger a los docentes y propusieron que “se trabaje en una concientización relacionada con hacer saber, desde el Estado, desde los padres, en una serie de valores que se han desdibujado”. “El maestro debe recuperar un lugar central, de respeto, que quizá ha ido perdiendo”, lanzaron desde UDA.

Por su parte el ministro Urribarri agradeció la invitación de la comisión de seguridad y compartió la preocupación por los temas planteados. Indicó que en forma permanente se aborda este tema con los diferentes actores del sistema educativo, buscando dar la mejor respuesta desde el Estado. 

 
Adelantó a los legisladores que ha elaborado un borrador con propuestas desde su cartera, que será entregado a los legisladores y a los representantes de la justicia provincial para que den su opinión. Recordó que “se ha hablado en forma permanente con los trabajadores docentes, para darles seguridad en su función”.

Urribarri avanzó con sus colaboradores buscando generar herramientas contemplando la defensa plena de los derechos humanos, adecuando la normativa entrerriana a la actualidad, tipificando conductas concretas que tal vez escapan de los alcances del código penal.

Compartieron la idea de reflexionar en cuanto a las posibles “sanciones” para las conductas inadecuadas que afecten a los maestros y desde el Ministerio de Gobierno se mostraron a favor de un sistema de sanciones que puede incluir trabajos comunitarios, por ejemplo, alejándolo del arresto.
La senadora Miranda dijo que “se tiene que tener como una cuestión relevante la reiteración de conductas contra los trabajadores de la educación, para que en forma progresiva vaya aumentando la sanción”.

Por su parte el senador Larrarte dijo que “se tiene que tener muy en cuenta dentro del sistema que se propone, asegurar el derecho pleno de defensa en todo el proceso que se puede llegar a iniciar por un problema dentro del ámbito escolar”.

Roque Ferrari, senador de Victoria, también coincidió en lograr una “armónica modernización de la legislación vigente en Entre Ríos en materia de contravenciones”.

El procurador García señaló que se debe ser muy específico a la hora de tipificar las conductas que pueden ser consideradas contravenciones. El funcionario, en orden a su experiencia, señaló la importancia de tener en cuenta una vez producido un hecho, el niño y los docentes, deben seguir compartiendo el espacio escolar. 

 
Observó que no debe dejar de observarse que un tema que atraviesa nuestra sociedad y por tanto la escuela, es el de la droga. El titular del ministerio público hizo una fuerte defensa de la educación pública.

Uno de los temas tratado fue el tema de los códigos de convivencia que se acuerdan dentro de los establecimientos escolares.
El defensor del Superior Tribunal coincidió en lo vetusto de la normativa vigente en Entre Ríos y coincidió en buscar la defensa de la integridad del docente. Dio detalles de los mecanismos que se aplican en Entre Ríos y propuso una “reforma integral, adecuando aquellas estructuras que se han quedado en el tiempo”. Benítez se preguntó qué autoridad debería intervenir en temas como estos en cada una de las ciudades entrerrianas.

Por su parte el senador Morchio, titular de la comisión de educación del Senado, dijo que “es verdad, hay valores que se han perdido y todos tenemos que recuperar el espacio donde los docentes se desempeñan. Como legisladores tenemos la obligación de ocuparnos del bienestar del docente, de todos los trabajadores de la educación”, afirmó, mostrando como otros de los participantes su preocupación por los problemas de violencia que se en las escuelas.

Desde el Consejo de Educación señalaron que “se piensa en lograr un abordaje integral, hay protocolos de violencia que se deberían aplicar y muchas veces, cuando analizamos los códigos de convivencia, se han ido sacando las sanciones punitivas, porque muchas veces no cambia la realidad con su aplicación”.

Indicaron que “cuando llega la violencia a la escuela, es porque en esa situación se refleja lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa el chico en su casa, lo que desatan los mayores, nos indica que tenemos que pensar en una actuación integral para defender y proteger también al niño”.

Los representantes del CGE hicieron una autocrítica señalando que no se han receptado en forma directa denuncias de docentes y propusieron que se incorpore dentro del régimen de licencias docentes, la licencia para el docente que es agredido. Se mostraron muy preocupados porque hay protocolos establecidos y no se han receptado las denuncias.

También adelantaron que se trabajará en la realización de antecedentes en todo tipo de violencia, para contar con estadísticas que sirvan de sustento para acciones preventivas y posteriores a la situación.

Peccín dijo que “no solo podemos pensar en lo punitivo, porque creemos que hay que generar una conciencia dentro de la sociedad para modificar conductas negativas de los chicos”. Se mostró preocupado por aquellos procesos que estigmatizan y propuso que se trabaje para lograr mayor autoridad al docente, que se sienta acompañado por equipos profesionales y por las instituciones.

Hizo un crudo relato de situaciones que se han dado afectando docentes y recordó que se ha pedido desde hace tiempo un cambio en el régimen de licencias para contemplar en la “licencia por violencia” cuestiones de género o de agresión de padres a maestros, “para no tener que disfrazar algunas situaciones” .

El titular de la policía entrerriana pidió que al momento de sancionar la norma se tenga en cuenta la necesidad de protegener al policía que debe intervenir, en situaciones que involucran muchas veces a menores. 

Se realizó esta tarde, en el recinto de la Cámara de Senadores una reunión de la Comisión de Seguridad. Fue para analizar posibles cambios en la ley 3815 (Contravenciones Policiales), agregando un apartado para sancionar aquellas situaciones de violencia que se den dentro del ámbito escolar y afectan al personal docente y no docente de los establecimientos educativos entrerrianos. El Ministerio de Gobierno elaboró una serie de propuestas que fueron puesta a disposición y compartidas con todos los presentes en el encuentro.

Todos los presentes mostraron preocupación por los hechos de violencia dentro de escuelas y comprometieron su trabajo para encontrar herramientas que permitan una fuerte defensa de los trabajadores docentes y de la escuela pública, para trabajar con el objetivo de cambiar conductas de violencia que se dan dentro del ámbito escolar.
El encuentro
A las 18,15 el Senador Giano dio la bienvenida y agradeció las presencias, explicando el mecanismo aplicado por la comisión de Seguridad, que está trabajando la idea de tener un mecanismo de defensa para quienes se desempeñan en establecimientos educativos entrerrianos. Señaló que “se trata de mejorar el código de contravenciones de la provincia, una ley antigua, pero creemos fundamental la defensa de los trabajadores de la educación”. Después dio detalles de la iniciativa, entregando copia a cada uno de los participantes.

“Pensamos en generar agravantes, como es que una falta contra un trabajador de la educación, se haga frente a alumnos”, explicó. “Vemos con estupefacción lo que nos muestran los medios cuando son agredidos, hostigados, insultados, los trabajadores de la educación”, señaló el legislador.

Mostró antecedentes de la provincia de Buenos Aires sobre el tema, con un espíritu similar a la iniciativa que ahora proponemos para Entre Ríos.

Informó a los presentes que un proyecto similar se debatió en relación a los trabajadores de salud.

“Este encuentro es un disparador, podemos llegar o no a sancionar una ley, pero la legislatura no puede estar ajena a este tema y por lo tanto oír a los actores del sistema es de fundamental importancia”, enfatizó.

Kisser destacó que “se trata de resguardar fundamentalmente al educador y esencialmente al ámbito educativo, para que sea adecuado para que el niño se forme, se eduque, porque se ha ido generando al amparo de diversas invocaciones un desorden que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Agregó que “se debe propugnar a lograr un ámbito virtuoso. No puede ser que el padre o tutor pretenda imponer al docente condiciones en relación a la educación de su hijo”.

Desde los gremios compartieron la idea de proteger a los docentes y propusieron que “se trabaje en una concientización relacionada con hacer saber, desde el Estado, desde los padres, en una serie de valores que se han desdibujado”. “El maestro debe recuperar un lugar central, de respeto, que quizá ha ido perdiendo”, lanzaron desde UDA.

Por su parte el ministro Urribarri agradeció la invitación de la comisión de seguridad y compartió la preocupación por los temas planteados. Indicó que en forma permanente se aborda este tema con los diferentes actores del sistema educativo, buscando dar la mejor respuesta desde el Estado. 

 
Adelantó a los legisladores que ha elaborado un borrador con propuestas desde su cartera, que será entregado a los legisladores y a los representantes de la justicia provincial para que den su opinión. Recordó que “se ha hablado en forma permanente con los trabajadores docentes, para darles seguridad en su función”.

Urribarri avanzó con sus colaboradores buscando generar herramientas contemplando la defensa plena de los derechos humanos, adecuando la normativa entrerriana a la actualidad, tipificando conductas concretas que tal vez escapan de los alcances del código penal.

Compartieron la idea de reflexionar en cuanto a las posibles “sanciones” para las conductas inadecuadas que afecten a los maestros y desde el Ministerio de Gobierno se mostraron a favor de un sistema de sanciones que puede incluir trabajos comunitarios, por ejemplo, alejándolo del arresto.
La senadora Miranda dijo que “se tiene que tener como una cuestión relevante la reiteración de conductas contra los trabajadores de la educación, para que en forma progresiva vaya aumentando la sanción”.

Por su parte el senador Larrarte dijo que “se tiene que tener muy en cuenta dentro del sistema que se propone, asegurar el derecho pleno de defensa en todo el proceso que se puede llegar a iniciar por un problema dentro del ámbito escolar”.

Roque Ferrari, senador de Victoria, también coincidió en lograr una “armónica modernización de la legislación vigente en Entre Ríos en materia de contravenciones”.

El procurador García señaló que se debe ser muy específico a la hora de tipificar las conductas que pueden ser consideradas contravenciones. El funcionario, en orden a su experiencia, señaló la importancia de tener en cuenta una vez producido un hecho, el niño y los docentes, deben seguir compartiendo el espacio escolar. 

 
Observó que no debe dejar de observarse que un tema que atraviesa nuestra sociedad y por tanto la escuela, es el de la droga. El titular del ministerio público hizo una fuerte defensa de la educación pública.

Uno de los temas tratado fue el tema de los códigos de convivencia que se acuerdan dentro de los establecimientos escolares.
El defensor del Superior Tribunal coincidió en lo vetusto de la normativa vigente en Entre Ríos y coincidió en buscar la defensa de la integridad del docente. Dio detalles de los mecanismos que se aplican en Entre Ríos y propuso una “reforma integral, adecuando aquellas estructuras que se han quedado en el tiempo”. Benítez se preguntó qué autoridad debería intervenir en temas como estos en cada una de las ciudades entrerrianas.

Por su parte el senador Morchio, titular de la comisión de educación del Senado, dijo que “es verdad, hay valores que se han perdido y todos tenemos que recuperar el espacio donde los docentes se desempeñan. Como legisladores tenemos la obligación de ocuparnos del bienestar del docente, de todos los trabajadores de la educación”, afirmó, mostrando como otros de los participantes su preocupación por los problemas de violencia que se en las escuelas.

Desde el Consejo de Educación señalaron que “se piensa en lograr un abordaje integral, hay protocolos de violencia que se deberían aplicar y muchas veces, cuando analizamos los códigos de convivencia, se han ido sacando las sanciones punitivas, porque muchas veces no cambia la realidad con su aplicación”.

Indicaron que “cuando llega la violencia a la escuela, es porque en esa situación se refleja lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa el chico en su casa, lo que desatan los mayores, nos indica que tenemos que pensar en una actuación integral para defender y proteger también al niño”.

Los representantes del CGE hicieron una autocrítica señalando que no se han receptado en forma directa denuncias de docentes y propusieron que se incorpore dentro del régimen de licencias docentes, la licencia para el docente que es agredido. Se mostraron muy preocupados porque hay protocolos establecidos y no se han receptado las denuncias.

También adelantaron que se trabajará en la realización de antecedentes en todo tipo de violencia, para contar con estadísticas que sirvan de sustento para acciones preventivas y posteriores a la situación.

Peccín dijo que “no solo podemos pensar en lo punitivo, porque creemos que hay que generar una conciencia dentro de la sociedad para modificar conductas negativas de los chicos”. Se mostró preocupado por aquellos procesos que estigmatizan y propuso que se trabaje para lograr mayor autoridad al docente, que se sienta acompañado por equipos profesionales y por las instituciones.

Hizo un crudo relato de situaciones que se han dado afectando docentes y recordó que se ha pedido desde hace tiempo un cambio en el régimen de licencias para contemplar en la “licencia por violencia” cuestiones de género o de agresión de padres a maestros, “para no tener que disfrazar algunas situaciones” .

El titular de la policía entrerriana pidió que al momento de sancionar la norma se tenga en cuenta la necesidad de protegener al policía que debe intervenir, en situaciones que involucran muchas veces a menores.