En el senado entrerriano, en el marco de la Comisión de Seguridad, se impulsó un fuerte debate sobre el tema, buscando generar una herramienta que responda a los reclamos sociales y permita actuar sobre un fenómeno que genera problemas a la juventud entrerriana.

El debate reciente cobró impulso después de la presencia y declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ante sus dichos el presidente del bloque oficialista del Senado, Ángel Giano, consideró que era necesario aclarar debidamente de qué manera encararía el tema la administración nacional y en ese marco qué papel y responsabilidad le toca a la provincia.
Entre Ríos, en el año 2007, aprobó la ley 9783, por la que se adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.

Fue promulgada a través del decreto 4387 de ese mismo año, pero se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.

Inmediatamente se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.

Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737

Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley. 

La legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.

Pero tuvo, la 10329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma.