La Comisión de seguridad reunió ayer a los senadores de Concordia, Gualeguay, Paraná y Victoria, Ángel Giano, Francisco Morchio, Raymundo Kisser y Roque Ferrari, respectivamente. El encuentro comenzó pasadas las 18, se extendió por una hora y media.
Se trabajó sobre el proyecto de ley para regular a los trabajadores de seguridad en espectáculos públicos (patovicas), que en breve tendría despacho de comisión y en el último tramo se intercambiaron opiniones sobre la cuestión del narcomenudeo. La reunión se hizo en la sala de reuniones de comisiones legislativas del Senado, en el segundo piso de la Casa Gris.

Narcomenudeo
Cabe recordar que el disparador para retomar en el senado la cuestión de la venta de drogas en baja escala (narcomenudeo), considerado por los legisladores como “un flagelo” extendido por toda la geografía entrerriana, fue la declaración de la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando visitó la ciudad de Paraná.
La funcionaria había indicado que se analizaba el modo de encarar el tema bajo la nueva administración nacional. Esto motivó que el senador Giano considerara que la comisión de seguridad se debía expedir sobre el tema.
Ayer el legislador dio detalles a sus pares de un borrador que propone una adhesión total de la provincia a la normativa nacional. Reiteró que deben quedar claras las posturas y responsabilidades de Nación y Provincia en el tema, añadiendo que es necesario que se envíen recursos para reforzar la fuerza de seguridad provincial, como establece la norma nacional.

Reunión con autoridades nacionales
Los representantes de Cambiemos presentes, aportando a la postura de Giano en el sentido de clarificar posturas y encontrar una solución que beneficie a la sociedad entrerriana, indicaron que sería oportuno gestionar un encuentro de los Senadores de la Comisión de Seguridad y algún representante del Poder Ejecutivo entrerriano, con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Seguridad, Patricia Bullrich, para avanzar en el tema.
Incluso ayer se llegó a mencionar la posibilidad de impulsar algún convenio con las autoridades nacionales, para así lograr la llegada de mayores recursos a Entre Ríos para combatir al narcomenudeo.

La legislación en Entre Ríos
En el tema del narcomenudeo, ya en el año 2007, se aprobó la ley 9783, por la que se adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.
Fue promulgada a través del decreto 4387 del año 2007, pero se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
En aquél entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.
Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737
Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.
La legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.
Pero tuvo, la 10329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma.

(Prensa Bloque FPV)