Poco después de las 10 estuvo frente a los Senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos el doctor Sebastián Miguel Trinadori, propuesto para ser Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia.
Abrió el encuentro el titular de la comisión Lucas Larrarte, quien mencionó los antecedentes constitucionales y reglamentarios que forman parte del expediente que acompañó la propuesta.
Inmediatamente el secretario de la Cámara Alta, Natalio Gerdau, leyó los antecedentes curriculares del propuesto.
Después, el senador del departamento san Salvador, señaló los aspectos del artículo 19, en relación a la Audiencia Pública, en la que se tendrá como principal objetivo conocer del candidato: su motivación para el cargo; forma en que desarrollará eventualmente su función; criterios que sustenta en torno a temas trascendentes de la materia correspondiente al cargo a cubrir; planes de trabajo; medidas que propone para una función eficiente; sus valores éticos; vocación democrática y por los derechos humanos; situación patrimonial y fiscal.
Se da también la posibilidad que el postulante se manifieste por aquello que considere necesario para mostrar los perfiles de su futura tarea. Además, la comisión puede profundizar sobre todo aquello que considere pertinente para un acabado conocimiento de las aptitudes del candidato.

Primera Audiencia
Trinadori se presentó ante los legisladores comentando cómo es la composición de su familia, mencionando también sus antecedentes profesionales, puntualizando que tiene 25 años de profesión como abogado. Ingresó en 1986 en la Fiscalía de Estado, realizando allí una importante carrera administrativa, con un interregno como asesor en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Además fue asesor en la Convención Constituyente.
Fue consultado sobre su situación patrimonial y fiscal. Detalló los bienes que posee, incluyendo los de su esposa y dijo que no adeuda impuestos ni provinciales ni nacionales, paga Impuesto a las Ganancias y está inscripto en Bienes Personales. Aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, al IOSPER y como profesional registra aportes a la Caja Forense.
En relación a las motivaciones señaló que personalmente considera que se trata de una consolidación de su carrera, ya que al momento de ser nombrado en la función, era el abogado más antiguo de la Fiscalía de Estado. “Es el sumun de lo que puedo aspirar como miembro de la Fiscalía”, enfatizó.
Lo consultaron sobre la coyuntura que atraviesa la Fiscalía de Estado. Comentó que rige una ley de 1984, pensada para la Constitución de 1933, siendo que desde 2008 rigen cambios en la Constitución, por lo que “hay que modificar la actual ley de Fiscalía, porque le está faltando una mejora salarias para la plantilla, lo que han logrado otros organismos de control”.
“Es absolutamente necesaria una reforma, hay un personal muy idóneo, gente formada, que están en permanente capacitación y tienen mucho trabajo”, explicó ante los legisladores, afirmando que “se impone una modificación”.
Preguntado sobre posibles medidas para mejorar el funcionamiento del organismo, Trinadori mencionó que su Fiscalía está a cargo de todos los expedientes en los que el Estado interviene judicialmente y otra relacionada con lo administrativo. “Deberían crearse algunos espacios relacionados con los ministerios, para que estos se ocupen de algunas demandas, para no tener un cúmulo de tantos amparos. En 2016 se respondieron más de 500 amparos, es un trabajo inmenso”, relató.
Indicó que con la descentralización se podría mejorar el funcionamiento. Sobre una posible descentralización territorial, el profesional dijo que “podría ser una posibilidad pensarlo desde la Legislatura, como por ejemplo sucede en Santa Fe, donde hay una Fiscalía en Rosario, para descomprimir la presión sobre la Capital”.
Le preguntaron sobre el proyecto de responsabilidad del Estado. “No lo he estudiado en profundidad. Coincidió con la norma a nivel nacional, y sobre la discusión entrerriana dijo que es necesaria, porque hay un vacío legislativo en Entre Ríos, porque para cubrir los vacíos que no alcanzan las normas del derecho público, habría que recurrir al Código en vigencia”.
Lo consultaron sobre la diferencia de la responsabilidad del Estado y la de un particular. “Es Estado persigue el bien común, el bienestar general”, indicó Trinadori, puntualizando las normas que rigen el funcionamiento del Estado. “El Estado debe ser juzgado por los principios del derecho administrativo”, agregó, sin dejar de eludir “las responsabilidades que tienen los profesionales del Estado al momento de ejercer sus funciones”.
Informó que fue síndico suplente en la empresa de Energía de Entre Ríos y no percibió nunca haberes por ello.
Le preguntaron sobre el decreto 253, sobre sindicaturas. “No veo incompatibilidad, desde el punto de vista que la Fiscalía defiende los intereses del Estado”, precisó.
Estas expresiones fueron fruto de la consulta del senador Kisser, quien personalmente cuestionó que alguien de la Fiscalía sea nombrado por el Poder Ejecutivo. El Senador Giano respondió las posturas y consideró que no era el ámbito para hacerlo. Larrarte le recordó los alcances del artículo 19 del Reglamento, le pidió a Kisser que concrete las preguntas y que las opiniones sean vertidas al momento de tratar el pliego.
Después de esto Kisser preguntó por qué la provincia, en 2015, ha tenido que pagar una suma de más de 90 millones de pesos por juicios perdidos.
Nuevamente Giano intervino y dijo que se trataba de una cuestión ajena a este ámbito.
Trinadori, habilitado por la comisión, dijo que “ningún momento se ha pagado semejante suma. Erróneamente se interpreta una cuenta de la Fiscalía y esa cifra me resulta equivocada. Es un monto mucho menor”.
Después de esto el profesional agradeció la audiencia y reiteró la necesidad de una Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado.
A las 10 y 35 se cerró la audiencia.

Segunda Audiencia
Diez minutos después de finalizada la primer audiencia, los senadores recibieron a Pablo Javier Gianini Álvarez, propuesto también para una Fiscalía Adjunta de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.
Abrió, como en el caso anterior, el titular de la Comisión, el Senador Larrarte, y el Secretario de la Cámara, Natalio Gerdau, presentó los antecedentes que forman parte del expediente que conforma el Pedido de Acuerdo Constitucional.
Giannini Álvarez dio detalles de su desempeño profesional. Pasó brevemente por la Justicia y siendo Sergio Avero Fiscal de Estado, mantuvo una audiencia laboral e ingresó con un convenio de pasantía en ese entonces, por un año, y desde ese momento, bajo diversas figuras laborales, siguió prestando funciones en la Fiscalía, hasta que en 2006 fue designado en la planta permanente.
En 2011, ante una reorganización del funcionamiento de la Fiscalía, pasó a coordinar una de las áreas en defensa del patrimonio del Estado y desde 2012 ocupa interinamente el cargo de Fiscal Adjunto, estando a cargo del área administrativa. Había ejercido la profesión en forma particular desde el año 2000.
Fue consultado sobre su situación patrimonial y fiscal, detallando su participación en emprendimientos inmobiliarios junto a su familia. Indicó como compro sus vehículos a través de planes nacionales, deudas hipotecarias y existencia de ahorros en Bancos provinciales. Es monotributista, paga impuesto a las ganancias y está adscripto en bienes provinciales. Tributa los impuestos provinciales, sin registrar deudas.
Dentro de sus aspiraciones señaló que aspira a la estabilidad del cargo, lo que considera fundamental, como así también su perfil profesional en relación a litigar. “Desde que me recibí tuve inclinación al derecho público, hice especializaciones en derecho administrativo e ingresé joven a la Fiscalía, lo que configura mis motivaciones”, explicó.
Preguntado sobre el funcionamiento de la Fiscalía, afirmó que teniendo en cuenta la reforma de 2008, es necesario encarar cambios en cuanto a la orgánica. “Me parece imprescindible que se dicte una ley reglamentaria que adecue la estructura y funciones en ese status orgánico, definiendo claramente cuando debe intervenir el Fiscal”, relató.
Añadió a su explicación que, si se dicta la ley, se va a mejorar el funcionamiento de la Fiscalía, porque en la actualidad tiene un cúmulo de tareas que se podrían definir en otro espacio.
En relación a los recursos con los que cuenta la Fiscalía, expresó que se ha venido funcionando, sin perjuicio de pensar en algunas redistribuciones. “Hay una merma en algunas áreas, de profesionales”, reveló, dando cuenta que hay bajo su órbita un número acotado de profesionales, por la sobrecarga de trabajo. Ingresas entre 700 y mil expedientes por año.
Sobre la descentralización por materia y territorio, dijo que se ha hecho la distribución por materia, por ejemplo, en el área que conduce interinamente, por lo que consideró importante tender a la especialización, por el control de legalidad que hace la Fiscalía. Sobre la descentralización territorial, hasta el momento se ha ido contratando abogados externos para algunos expedientes puntuales. Esos profesionales procuran en algunos juicios que están en los departamentos.
Sobre el proyecto de responsabilidad del Estado que ya cuenta con media sanción, dijo que “es loable el proyecto”. Se trataría de un régimen propio, lo que es recomendable teniendo en cuenta la opinión de la Corte Suprema. Indicó que tiene criterios superadores en relación a la norma nacional, teniendo en cuenta las críticas que se deslizaron contra la ley nacional.
El profesional hizo un detalle sobre las bases doctrinarias de las normas nacionales y del proyecto originado en la Cámara de Diputados, donde queda claro cuál es la responsabilidad del Estado y se garantiza la resolución de los casos en la revisión de las causas en los tribunales que tienen radicación en Uruguay y Paraná. Un tema que señaló es que no queda claro quien determinará la inaplicabilidad de ley.
También coincidió con la incorporación del instituto de la mediación en las causas de responsabilidad del Estado y brindó cuál, a su criterio, sería el mecanismo más positivo para aplicar en casos puntuales. Sumó detalles de su experiencia en la defensa de los intereses del Estado.
Le preguntaron si se debería quitar matrícula a quienes ejercen la profesión en la Fiscalía. “Mi posición es afirmativa, se debería dejar de ejercer la profesión libre, pero es mi posición personal”, acotó, recordando que él ha hecho proposiciones concretas en reuniones con el Fiscal de Estado, pensando en una futura orgánica de la Fiscalía de Estado.
“Hay que modificar los proyectos que están en discusión”, indicó.
El Senador Kisser también lo consultó si fue síndico en alguna empresa del Estado. Recordó que fue suplente y oportunamente renunció.
Le preguntaron sobre los alcances de la norma que habilita ser síndicos. Recordó que hubo dictámenes al respecto, dejando que era posible. “Se hizo un examen exhaustivo y se habilitó que se pueda ejercer esa función”, reveló.
A las 11,30 concluyó la Audiencia.

Senadores Presentes
Estuvieron presentes los senadores de Concordia, Colón, Paraná, Diamante, Victoria, Federal, Feliciano y San Salvador, Ángel Giano, Pablo Canali, Raymundo Kisser, Rogelio Schild, Roque Ferrari, Nancy Miranda, Miriam Benitez y Lucas Larrarte, respectivamente.
Los legisladores estuvieron asistidos por el secretario de la Cámara, Natalio Gerdau. Estuvo presente en el Recinto el Fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes.

(Prensa Bloque FPV)