La iniciativa fue dada a conocer este mediodía al vicegobernador Bahl en una reunión que mantuvo en su despacho junto a los presidentes de Bloques, Angel Giano (FpV) y Raymundo Kisser (Cambiemos) con los miembros de la Comisión de Autoconvocados Cesanteados Provinciales.

La sesión, que es la número 18ª, contó con la presencia de 16 senadores, y en la misma se adhirió al paro y movilización de mañana bajo el lema “Ni una menos”. En esta ocasión, el senador Giano sostuvo que “el bloque del Frente para la Victoria repudia el femicidio, la violencia de género; flagelo que hay que poner en visibilidad para concientizar y sensibilizar para que haya prevención”.

Reunión del mediodía

Este mediodía, integrante de la Comisión de Autoconvocados Cesanteados provinciales, durante la última dictadura, María del Pilar Blanca, se refirió al objetivo de la reunión con Bahl al sostener que “pudimos dialogar sobre el proyecto y solicitamos que se declare de interés esta iniciativa, lo que fue contemplado de inmediato”.

En tanto, Daniel Padúan, otro de los integrantes de la Comisión sostuvo que “desde el movimiento de Derechos Humanos, acompañamos y proyecto y apuntalamos parte del trabajo que hace esta comisión. Hay cesanteados en varias ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Diamante y Paraná, entre otras”, informó.

Entre las expectativas que se fundamentaron en el encuentro, Paduán manifestó: “Queremos lograr la visualización de este tema por parte del Senado, porque es muy importante que la Cámara Alta acompañe esta propuesta legislativa, más allá de los créditos fiscales que haya posteriormente para poder materializar algún tipo de reconocimiento. Porque ese acompañamiento a lo que sucedió en esos años, para mucha gente es sumamente gratificante y emotivo”, resaltó.

Recordó también la iniciativa legislativa nacional al sostener que “el diputado nacional Díaz Roig, es un especialista en Derecho Previsional y Constitucional, es por ello que su proyecto es muy fundamentado en la parte legal, y por ello tiene en el tratamiento el acompañamiento de los bloques del FpV y del radicalismo. El reconocimiento es de una pensión mínima mensual”, agregó.

Y aclaró: “Aquí en Entre Ríos, muchos de los cesanteados han sido reincorporados a sus lugares de trabajos, tanto en la provincia como en los municipios, cosa que en otras provincias no, lo que hace que esas personas hoy estén totalmente desprotegidas. Es por eso que para muchos argentinos no es un tema menor”.

En cuanto a la decisión legislativa de adherir a esta normativa nacional, “tanto el vicegobernador Bahl, como los presidentes de bloques, Kisser (Cambiemos) y Giano (FpV), espontáneamente han acompañado porque es un tema que no desconocen. Fueron muy cálidos con su atención y se comprometieron a redactar la adhesión por parte del Senado de la provincia”.

Por último, Susana Ballesteros, expresó que “el resarcimiento ya sea moral o económico es muy importante, porque en la época que nos cesantearon, nuestra vida no valía nada. Es por eso que solicitamos a todos los cesanteados de la provincia, se acerquen a cualquier organismo de Derechos Humanos, sea provincial o municipal”.

El proyecto

El proyecto sostiene: “Establécese una pensión no contributiva de carácter vitalicio a todos los ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organismos públicos, que hubiesen sido cesanteados, exonerados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos y/o gremiales a partir del 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983”.

En tanto, aclara que “en todos los casos, el solicitante deberá acreditar, mediante cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que determinaron su cese laboral, a partir de la presentación de la cantidad de elementos tales como: fotocopias autenticadas de Resoluciones Administrativas, Legajos Personales, Causas Judiciales, Expedientes de Consejos de Guerra, Informes de estructura sindical, información sumaria o testimonios certificados, publicaciones periodísticas u oficiales, listas públicas, entre otros”.

El beneficio que establece será equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Esta pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio previsional permanente otorgado en jurisdicción nacional provincial y municipal.

No podrán ser beneficiarios quienes hubiesen sido condenados o resultasen condenados por delitos de violación a los derechos humanos o de lesa humanidad.

(Prensa Vicegobernación)