El legislador indica que ingresó el proyecto ante "varios hechos que se conocieron en el último tiempo" y recuerda que Argentina adoptó "una postura proactiva al momento de la redacción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que fuera impulsado por las Naciones Unidas".

Ese Protocolo –indica- fue adoptado por nuestro país mediante la ley 25932. Dispone que cada Estado deberá crear mecanismos nacionales independientes a fin de prevenir la tortura, lo que también deben hacer los Estados Federales.

Fue por esto -explica Morchio- que en 2012 se sancionó la ley 26827, que crea un sistema nacional de prevención y en la reglamentación se instruye a las provincias para que adopten mecanismos en tal sentido.

El proyecto fue girado a comisión y podría ser tratado en la próxima sesión.