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Hubo audiencias públicas para cubrir cargos en Concordia y Colón

En el marco del trabajo planificado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se realizó hoy la audiencia pública para oír a la doctora María José Diz, quien ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo para ser Juez Civil y Comercial de la ciudad de Colón. Se realizó en el recinto del Senado y comenzó poco después de las 11 y 30. Se dio cuenta de los antecedentes que son parte del pedido de Acuerdo realizado por el Poder Ejecutivo.

La profesional destacó la posibilidad de poder expresarse democráticamente y relató su trabajo asesorando a la municipalidad de San José en calidad de contratada. Dio detalles de su situación patrimonial y fiscal.
Explicó que siempre intentó acceder a la justicia y ya en el año 2008, cuando se crea juzgado de familia de la ciudad de Colón, se inscribió para concursar. “Es un desafío poder participar y superarse”, expresó.
Consultada sobre los recursos con los que cuenta el juzgado que podría conducir, explicó que se han perdido algunos cargos, pero se ha salvado con un trabajo en doble turno para evitar atrasos en las tramitaciones. Destacó que es necesario fortalecer el recurso humano y volver a contar con esos dos cargos.
En relación al modo de comunicarse a través de los medios en casos de interés general, la doctora Diz dijo que “se deben explicar las razones de las acciones judiciales, porque el servicio de justicia está a la orden de la comunidad, preservando siempre el rol para el que ha sido designado”. Dio sus opiniones sobre una serie de reformas propuestas por el Poder Ejecutivo en la materia en la que deberá actuar.
Por último destacó la importancia del Consejo de la Magistratura, que ha permitido a muchos que no son parte de la Justicia, puedan acceder a través de concursos. La audiencia terminó al mediodía.
Posteriormente estuvo ante los legisladores la doctora Laura Mariana Soage, propuesta para ser vocal de la Cámara de Apelaciones (sala del Trabajo) de la ciudad de Concordia. Comenzó poco después del mediodía y como en cada caso similar, se dieron a conocer los antecedentes que forman parte del expediente enviado por el Ejecutivo pidiendo el Acuerdo Constitucional.
La doctora Soage agradeció la posibilidad de cumplir con esta etapa y sumó detalles a sus antecedentes, expresándose sobre su desempeño en defensa de trabajadores y su desempeño en carácter transitorio en la Cámara para la que es propuesta como titular. Agregó detalles de su formación y actualización en la materia laboral. Le requirieron datos sobre su situación patrimonial y fiscal.
Consultaron sobre el tema del pago del Impuesto a las Ganancias, dijo que personalmente, desde una perspectiva ética, los jueces deberían contribuir. Dijo que hay que respetar la posición de la Corte pero se debe estudiar un modo de poder implementar el cobro.
Dijo que el código procesal laboral vigente en Entre Ríos es un buen código y que debería incorporar institutos novedosos, en el marco de una reforma integral.
La consultaron sobre qué relación debería tenerse con los medios en casos de interés público. Indicó que muchas veces no se está preparado para relacionarse con los medios. Destacó el modo encarado por la Corte Suprema a través de su sistema de publicaciones. Propuso una capacitación para el tema, preparando al juez para poder responder en casos donde se requiere ampliar ante la comunidad sin perjudicar el proceso.
El doctor Kisser la consultó sobre algunos casos y posiciones del Superior Tribunal y la Corte Suprema con impacto en la aplicación del derecho laboral.
Estuvieron presentes los senadores de San Salvador, Victoria, Concordia, Diamante y Paraná, Lucas Larrarte, Roque Ferrari, Ángel Giano, Rogelio Schild y Raymundo Kisser, respectivamente, asistidos por el secretario de Cámara, Natalio Gerdau.

La audiencia pública

La Audiencia Pública, precisa el reglamento en su artículo 19, tendrá por objeto conocer del candidato: su motivación para el cargo; forma en que desarrollará eventualmente su función; criterios que sustenta en torno a temas trascendentes de la materia correspondiente al cargo a cubrir; planes de trabajo; medidas que propone para una función eficiente; sus valores éticos; vocación democrática y por los derechos humanos; situación patrimonial y fiscal.
Se da también la posibilidad que el postulante se manifieste por aquello que considere necesario para mostrar los perfiles de su futura tarea. Además la comisión puede profundizar sobre todo aquello que considere pertinente para un acabado conocimiento de las aptitudes del candidato.
Después de la audiencia pública se confecciona un dictamen fundado, en el que se aconseja la aprobación o rechazo al acuerdo solicitado por el Ejecutivo. Este dictamen se trata en sesión pública, cuya fecha se define con antelación y es debidamente informado a la población.
Además el reglamento expresa que si no existiere acuerdo dentro de los seis meses de presentado el pedido, las actuaciones pasan al archivo.

(Prensa Bloque FPV)

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