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Sanción definitiva para la prohibición del cobro del Plus Médico

Se desarrolló ayer la 11° Sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. La misma fue presidida por el vicepresidente primero del Cuerpo, Aldo Ballestena. En la ocasión se dio sanción definitiva para la prohibición del cobro de Plus Médico y además se aprobaron los pliegos dando acuerdo a Vocales del Consejo de Educación.

No al cobro de plus médico

La senadora Nancy Miranda pidió el ingreso, fuera de lista, del expediente referido a la prohibición del cobro del denominado, plus médico. La legisladora señaló que el mismo cuenta con despacho de comisión.

Por pedido del presidente del Bloque de Senadores oficialistas, Ángel Giano, apoyado por su par de Cambiemos, Raymundo Kisser, se trató este tema en primer lugar. Giano pidió el tratamiento sobre tablas, lo que fue aprobado por unanimidad.

El senador Giano explicó que oportunamente esta iniciativa de Daniel Ruberto fue acompañada por la unanimidad de los diputados que la trataron. Agregó que “son los gremios lo que reciben en forma permanente denuncias sobre una práctica que está fuera de todo convenio establecido entre profesionales y obras sociales”.

“Naturalmente y más en este día en que se recuerda a Eva Perón, que tanto hizo por los trabajadores, consideramos que debemos aprobarlo, porque el cobra de plus constituye un hecho ilícito”, enfatizó el legislador de Concordia.

Añadió que “será una herramienta importante no solo para los trabajadores sino también para las obras sociales”. Consideró que será para defender al trabajador.

Opinó que “hay violación de un pacto hecho entre el profesional y la obra social, que ya tienen acordado un arancel, y el que cobra un plus, viola este compromiso”. Sumó argumentos observando que si se cobra un plus, hay un pago en negro, lo que generaría una evasión que debe ser perseguida por ATER o AFIP.

El senador dijo que avanzar en la prohibición, poner un poder de policía, que trabajará con las organizaciones de los trabajadores, permitirá aplicar sanciones “a los que violan hasta la confianza de sus propias federaciones”.

“Damos un elemento para impedir que el cobro ocurra, con una herramienta y se fortalece la posición del Estado”, agregó. También mencionó las reuniones mantenidas con gremios y autoridades del Ejecutivo.

Por su parte el senador Raymundo Kisser, apoyando la iniciativa, dijo que hay cuestiones que aclarar, porque “no debemos ser ingenuos. Es un texto que tiende a moralizar las prestaciones, pero el problema que se da es sumamente complejo. Hay ausencia de un plan de salud, que ha generado muchísimos problemas en obras sociales, que no pueden afrontar mayores aranceles”.

“Hay una realidad, un descontrol, un desbajarajuste generalizado”, puntualizó. Mencionó la aparición del uso de la aparatología médica, la que según su opinión, “está fuera de control”. El senador de Paraná dijo que para el uso de la aparatología, para evitar abusos, se puede tomar el ejemplo de Israel.

Hizo hincapié en este uso y afirmó que se puede hacer un despilfarro, en el abuso de la aplicación de aparatología. “Otro tema es que se debe apoyar el uso de genéricos”, argumentó.

Reclamó que el Ejecutivo Nacional discuta con todos los sectores un plan integral de salud. “Tenemos dudas en cuanto a la aplicación, queremos pensar que esto disminuirá el abuso”, lanzó ante sus pares, e hizo votos para que los actores del sistema vayan logrando terminar con un acto inmoral que ha motivado el reclamo de los gremios.

El proyecto, ante la ruidosa aprobación de los gremios, fue aprobado por unanimidad.

El proyecto

El proyecto de ley prohíbe “en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos el cobro de plus a toda persona física y/o jurídica como retribución por los servicios prestados por los profesionales del arte de curar y las ramas anexas”.

Cabe mencionar que en el recinto estuvieron presentes trabajadores de diversos gremios que expresaron su apoyo a la iniciativa que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto determina que “la prohibición favorece a los afiliados beneficiarios de las leyes nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661 y de la Ley Provincial Nº 5326/73 y sus modificatorias, siempre que el pago supere los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución”.

La prohibición comprende a las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico y tratamiento y cualquier otra que se encuentre cubierta por las citadas leyes o convenios.

El proyecto se encontraba en la Cámara Alta desde mediados de 2015. Posteriormente, en diciembre de ese año, se originó otra iniciativa que recibió media sanción y se encuentra con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Legisladores oficialistas de ambas Cámaras acordaron avanzar con el proyecto originado en la Cámara Baja.

Cabe mencionar que hace un mes hubo un encuentro en el que numerosos gremios dieron un fuerte apoyo a la iniciativa que hoy trató el Senado. En la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) hubo dirigentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), de la Federación de Obreros de la Industria del Papel, del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), entre otros.

En esa ocasión estuvieron el Senador de Concordia, Ángel Giano y el diputado Ruberto.

El proyecto surgió ante el reclamo constante de los beneficiarios del servicio de salud, por denuncias realizadas ante las distintas obras sociales del cobro indebido de los profesionales de la salud de un plus adicional para brindarles atención médica.

Eso llevó a las obras sociales a actuar de manera conjunta y solicitar al Estado que tome medidas al respecto, que protejan al más débil -en este caso, el beneficiario- que en situaciones de extrema necesidad debe abonar una suma de dinero extra al profesional que ya es contratado por la obra social, acordando un precio por prestación pero que sirviéndose de una situación delicada obtiene rédito económico a su favor.

El tratamiento de los pliegos

En la segunda parte de la sesión, después del turno de los homenajes y de haber dado sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe el cobro del plus médico por el cambio a través de una moción de orden, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Lucas Larrarte (PJ- San Salvador), solicitó que sean tratados sobre tablas, los expedientes que fueron ingresados y reservados con aprobación unánime.

Cabe mencionar que oportunamente se dio a publicidad, tal como lo establece el artículo 19 del Cuerpo, que estos iban a ser tratados en esta sesión.

El legislador de San Salvador hizo mención a los expedientes acordados en la labor parlamentaria.

En primer lugar se trató el pliego del doctor Diego Rodríguez, propuesto como juez civil y comercial de La Paz. Fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Después de esto se pasó al tratamiento del pliego de Rita Nievas, propuesta como vocal del Consejo General de Educación. Se dieron a conocer los argumentos a favor de la aprobación de la solicitud. Fue aprobado por unanimidad.

Siguió el trabajo tratando la resolución referida a Gastón Etchepare, e inmediatamente a la de la profesora Silvia Mangeón. Ambos fueron aprobados por la unanimidad de los presentes.

Se trató por último, en este tramo de la sesión, el pliego de José Luis Panozzo que fue propuesto para ser el Director General de Escuelas por el Poder Ejecutivo y con esto titular del Consejo General de Educación.

En este caso hubo Resoluciones generadas por la mayoría y otro por la minoría. El dictamen de Cambiemos fue leído por secretaría y en el mismo se da cuenta del rechazo de esa bancada a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Aconsejaron el rechazo haciendo mención a una serie de situaciones con base en informes del Tribunal de Cuentas, de la Justicia y a lo informado oportunamente en la Audiencia Pública.

Afirman que con base a esos antecedentes, no observan que el propuesto sea la persona idónea para ocupar el cargo Constitucional. Hablaron además en el documento de lo que consideraron irregularidades en la función de intendente de la ciudad de Chajarí.

Cambiemos señaló que oportunamente el Tribunal de Cuentas hizo observaciones que no habrían sido tenidas en cuenta por el entonces intendente Panozzo. Se analizaron varios períodos, exceptuando el año 2015.

Por su parte el bloque oficialista impulsó un dictamen propio, dando cuenta de los antecedentes analizados, apoyando positivamente la propuesta del gobernador Bordet. Se sostiene que en la audiencia pública se interrogó a Panozzo sobre planes de trabajo y otros detalles.

En relación a la cuestión educativa sostienen que las respuestas fueron amplias y satisfactorias, por lo que consideran que es idóneo de acuerdo a lo establecido por la Constitución.

Agregaron que fue el gobernador elegido democráticamente quien propuso a Panozzo y mencionaron antecedentes del concepto de idoneidad. Detallaron varios artículos constitucionales y principios y garantías, como el principio de presunción de inocencia. Además se dan detalles del debido proceso, la honra y el buen nombre, que deben ser resguardados. Se agregan los aspectos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y lo actuado por la corte interamericana de Derechos Humanos.

Puntualizaron que en relación a Panozzo no hay condena, y advirtieron que deben aplicarse los parámetros constitucionales, sin prejuicios, con imparcialidad.

Con estos y otros profundos argumentos los senadores del Justicialismo resuelven prestar el Acuerdo Constitucional a Panozzo, para que sea Director General de Escuelas.
Hubo después un intenso debate iniciado con los discursos de Raymundo Kisser, Roque Ferrari. Siguió en uso de la palabra, abonando el dictamen de Cambiemos, Francisco Morchio, quien preside la comisión de Educación. Seguido habló Miguel Piana, también rechazando la propuesta de Panozzo.

Seguido habló el senador de Colón, Pablo Canali, argumentando a favor de la propuesta del gobernador entrerriano. Opino después Lucas Larrarte, titular de la comisión de asuntos constitucionales. Por último habló el presidente del bloque oficialista, Ángel Giano.

Se votó y se aprobó por mayoría simple el dictamen del Justicialismo.

Sanción definitiva para la prohibición del cobro del Plus Médico

Se desarrolló ayer la 11° Sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. La misma fue presidida por el vicepresidente primero del Cuerpo, Aldo Ballestena. En la ocasión se dio sanción definitiva para la prohibición del cobro de Plus Médico y además se aprobaron los pliegos dando acuerdo a Vocales del Consejo de Educación.

No al cobro de plus médico

La senadora Nancy Miranda pidió el ingreso, fuera de lista, del expediente referido a la prohibición del cobro del denominado, plus médico. La legisladora señaló que el mismo cuenta con despacho de comisión.

Por pedido del presidente del Bloque de Senadores oficialistas, Ángel Giano, apoyado por su par de Cambiemos, Raymundo Kisser, se trató este tema en primer lugar. Giano pidió el tratamiento sobre tablas, lo que fue aprobado por unanimidad.

El senador Giano explicó que oportunamente esta iniciativa de Daniel Ruberto fue acompañada por la unanimidad de los diputados que la trataron. Agregó que “son los gremios lo que reciben en forma permanente denuncias sobre una práctica que está fuera de todo convenio establecido entre profesionales y obras sociales”.

“Naturalmente y más en este día en que se recuerda a Eva Perón, que tanto hizo por los trabajadores, consideramos que debemos aprobarlo, porque el cobra de plus constituye un hecho ilícito”, enfatizó el legislador de Concordia.

Añadió que “será una herramienta importante no solo para los trabajadores sino también para las obras sociales”. Consideró que será para defender al trabajador.

Opinó que “hay violación de un pacto hecho entre el profesional y la obra social, que ya tienen acordado un arancel, y el que cobra un plus, viola este compromiso”. Sumó argumentos observando que si se cobra un plus, hay un pago en negro, lo que generaría una evasión que debe ser perseguida por ATER o AFIP.

El senador dijo que avanzar en la prohibición, poner un poder de policía, que trabajará con las organizaciones de los trabajadores, permitirá aplicar sanciones “a los que violan hasta la confianza de sus propias federaciones”.

“Damos un elemento para impedir que el cobro ocurra, con una herramienta y se fortalece la posición del Estado”, agregó. También mencionó las reuniones mantenidas con gremios y autoridades del Ejecutivo.

Por su parte el senador Raymundo Kisser, apoyando la iniciativa, dijo que hay cuestiones que aclarar, porque “no debemos ser ingenuos. Es un texto que tiende a moralizar las prestaciones, pero el problema que se da es sumamente complejo. Hay ausencia de un plan de salud, que ha generado muchísimos problemas en obras sociales, que no pueden afrontar mayores aranceles”.

“Hay una realidad, un descontrol, un desbajarajuste generalizado”, puntualizó. Mencionó la aparición del uso de la aparatología médica, la que según su opinión, “está fuera de control”. El senador de Paraná dijo que para el uso de la aparatología, para evitar abusos, se puede tomar el ejemplo de Israel.

Hizo hincapié en este uso y afirmó que se puede hacer un despilfarro, en el abuso de la aplicación de aparatología. “Otro tema es que se debe apoyar el uso de genéricos”, argumentó.

Reclamó que el Ejecutivo Nacional discuta con todos los sectores un plan integral de salud. “Tenemos dudas en cuanto a la aplicación, queremos pensar que esto disminuirá el abuso”, lanzó ante sus pares, e hizo votos para que los actores del sistema vayan logrando terminar con un acto inmoral que ha motivado el reclamo de los gremios.

El proyecto, ante la ruidosa aprobación de los gremios, fue aprobado por unanimidad.

El proyecto

El proyecto de ley prohíbe “en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos el cobro de plus a toda persona física y/o jurídica como retribución por los servicios prestados por los profesionales del arte de curar y las ramas anexas”.

Cabe mencionar que en el recinto estuvieron presentes trabajadores de diversos gremios que expresaron su apoyo a la iniciativa que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto determina que “la prohibición favorece a los afiliados beneficiarios de las leyes nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661 y de la Ley Provincial Nº 5326/73 y sus modificatorias, siempre que el pago supere los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución”.

La prohibición comprende a las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico y tratamiento y cualquier otra que se encuentre cubierta por las citadas leyes o convenios.

El proyecto se encontraba en la Cámara Alta desde mediados de 2015. Posteriormente, en diciembre de ese año, se originó otra iniciativa que recibió media sanción y se encuentra con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Legisladores oficialistas de ambas Cámaras acordaron avanzar con el proyecto originado en la Cámara Baja.

Cabe mencionar que hace un mes hubo un encuentro en el que numerosos gremios dieron un fuerte apoyo a la iniciativa que hoy trató el Senado. En la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) hubo dirigentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), de la Asociación de Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), de la Federación de Obreros de la Industria del Papel, del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), entre otros.

En esa ocasión estuvieron el Senador de Concordia, Ángel Giano y el diputado Ruberto.

El proyecto surgió ante el reclamo constante de los beneficiarios del servicio de salud, por denuncias realizadas ante las distintas obras sociales del cobro indebido de los profesionales de la salud de un plus adicional para brindarles atención médica.

Eso llevó a las obras sociales a actuar de manera conjunta y solicitar al Estado que tome medidas al respecto, que protejan al más débil -en este caso, el beneficiario- que en situaciones de extrema necesidad debe abonar una suma de dinero extra al profesional que ya es contratado por la obra social, acordando un precio por prestación pero que sirviéndose de una situación delicada obtiene rédito económico a su favor.

El tratamiento de los pliegos

En la segunda parte de la sesión, después del turno de los homenajes y de haber dado sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe el cobro del plus médico por el cambio a través de una moción de orden, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Lucas Larrarte (PJ- San Salvador), solicitó que sean tratados sobre tablas, los expedientes que fueron ingresados y reservados con aprobación unánime.

Cabe mencionar que oportunamente se dio a publicidad, tal como lo establece el artículo 19 del Cuerpo, que estos iban a ser tratados en esta sesión.

El legislador de San Salvador hizo mención a los expedientes acordados en la labor parlamentaria.

En primer lugar se trató el pliego del doctor Diego Rodríguez, propuesto como juez civil y comercial de La Paz. Fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Después de esto se pasó al tratamiento del pliego de Rita Nievas, propuesta como vocal del Consejo General de Educación. Se dieron a conocer los argumentos a favor de la aprobación de la solicitud. Fue aprobado por unanimidad.

Siguió el trabajo tratando la resolución referida a Gastón Etchepare, e inmediatamente a la de la profesora Silvia Mangeón. Ambos fueron aprobados por la unanimidad de los presentes.

Se trató por último, en este tramo de la sesión, el pliego de José Luis Panozzo que fue propuesto para ser el Director General de Escuelas por el Poder Ejecutivo y con esto titular del Consejo General de Educación.

En este caso hubo Resoluciones generadas por la mayoría y otro por la minoría. El dictamen de Cambiemos fue leído por secretaría y en el mismo se da cuenta del rechazo de esa bancada a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Aconsejaron el rechazo haciendo mención a una serie de situaciones con base en informes del Tribunal de Cuentas, de la Justicia y a lo informado oportunamente en la Audiencia Pública.

Afirman que con base a esos antecedentes, no observan que el propuesto sea la persona idónea para ocupar el cargo Constitucional. Hablaron además en el documento de lo que consideraron irregularidades en la función de intendente de la ciudad de Chajarí.

Cambiemos señaló que oportunamente el Tribunal de Cuentas hizo observaciones que no habrían sido tenidas en cuenta por el entonces intendente Panozzo. Se analizaron varios períodos, exceptuando el año 2015.

Por su parte el bloque oficialista impulsó un dictamen propio, dando cuenta de los antecedentes analizados, apoyando positivamente la propuesta del gobernador Bordet. Se sostiene que en la audiencia pública se interrogó a Panozzo sobre planes de trabajo y otros detalles.

En relación a la cuestión educativa sostienen que las respuestas fueron amplias y satisfactorias, por lo que consideran que es idóneo de acuerdo a lo establecido por la Constitución.

Agregaron que fue el gobernador elegido democráticamente quien propuso a Panozzo y mencionaron antecedentes del concepto de idoneidad. Detallaron varios artículos constitucionales y principios y garantías, como el principio de presunción de inocencia. Además se dan detalles del debido proceso, la honra y el buen nombre, que deben ser resguardados. Se agregan los aspectos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y lo actuado por la corte interamericana de Derechos Humanos.

Puntualizaron que en relación a Panozzo no hay condena, y advirtieron que deben aplicarse los parámetros constitucionales, sin prejuicios, con imparcialidad.

Con estos y otros profundos argumentos los senadores del Justicialismo resuelven prestar el Acuerdo Constitucional a Panozzo, para que sea Director General de Escuelas.
Hubo después un intenso debate iniciado con los discursos de Raymundo Kisser, Roque Ferrari. Siguió en uso de la palabra, abonando el dictamen de Cambiemos, Francisco Morchio, quien preside la comisión de Educación. Seguido habló Miguel Piana, también rechazando la propuesta de Panozzo.

Seguido habló el senador de Colón, Pablo Canali, argumentando a favor de la propuesta del gobernador entrerriano. Opino después Lucas Larrarte, titular de la comisión de asuntos constitucionales. Por último habló el presidente del bloque oficialista, Ángel Giano.

Se votó y se aprobó por mayoría simple el dictamen del Justicialismo.

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