Tribunal de Cuentas

El trabajo comenzó poco después de las 8,30 en la sala de reuniones de comisiones legislativas, en el segundo piso de la Casa de Gobierno. En primer término se analizó el expediente que contiene la memoria 2009 del Tribunal de Cuentas. El organismo de control, de acuerdo al artículo 213 de la Constitución Provincial, deberá remitir a la Legislatura su memoria y rendición de cuentas del año anterior, para su consideración, antes del 31 de marzo de cada año.

El presidente de la comisión, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la llegada del expediente, propuso un proyecto de resolución que da por tramitado el tema, el que resultó aprobado y será ingresado para su tratamiento en sesión.

Además Kisser señaló que este proyecto será utilizado para los expedientes similares que están pendientes de ser tratados, para avanzar en una puesta al día. El legislador mencionó el tiempo transcurrido, “lo que torna difícil realizar un contralor”, por eso se resolvió dar por cumplimentado el trámite y señaló que se debe trabajar en un sistema que permita a los legisladores profundizar el estudio en los ejercicios siguientes. Esta postura fue compartida por el Senador de Victoria, Roque Ferrari.

La resolución que resultó aprobada da por cumplido el contenido del artículo 213 de la Constitución entrerriana para el ejercicio 2009 del Tribunal de Cuentas.

Funcionarios de los juzgados de paz

Otro de los expedientes analizados fue el proyecto de ley que tiene media sanción y apunta a incorporar a los secretarios de los juzgados de paz en la categoría de magistrados y funcionarios judiciales. Kisser señaló que seguramente el tema será analizado con el Superior Tribunal de Justicia, el próximo 30 de marzo, a las 11, cuando miembros del Alto Cuerpo Judicial visiten el Senado. Informó a sus pares que tiene conocimiento que se trabaja en ámbitos judiciales en posibles modificaciones a la Justica de Paz.

Por su parte el senador Giano pidió alo personal de comisiones que se haga un temario con aquellos puntos que requieran la consulta a los miembros del Superior Tribunal , “para aprovechar al máximo ese encuentro de trabajo”.

Códigos de descuento

Después avanzaron con un proyecto de ley, que tiene media sanción, y propone un tope financiero para los denominados códigos de descuento. El proyecto apunta a que el costo financiero total de dichos créditos, no deberá superar el cinco por ciento (5 %) adicional a la Tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, como aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento.

El proyecto alcanza los préstamos otorgados por financieras, tarjetas de créditos, Mutuales, Bancos, Cooperativas y cualquier otra entidad autorizada a efectuar préstamos de crédito a interés, que hagan operativo directa o indirectamente el repago de los mismos a través del sistema de código de descuentos que otorga e implementa en las liquidaciones de haberes la Administración Pública Provincial.-

Desde el Senado se han pedido opiniones a la Administradora Tributaria de la provincia de Entre Ríos (ATER) y a la Fiscalía de Estado, los que aún no han sido respondidos.

El presidente de la Comisión afirmó que “se debe poner un plazo para obtener las respuestas. Es necesario contar con las opiniones y estas deben llegar en un tiempo razonable para ser incorporadas a nuestra trabajo legislativo”. Adelantó que de ser necesario tomará contacto personalmente con los responsables de los diversos organismos del Estado que son consultados y tardan en responder.

Giano y Kisser coincidieron en la importancia de contar con respuestas rápidas, para de ese modo evacuar dudas sobre diversos temas de interés legislativo y evitar con ello llegar a generar pedidos de informe.

En esta etapa de la reunión se dio un intercambio sobre la posibilidad de introducir cambios al reglamento de la Cámara, buscando mejorar el intercambio de información con otros Poderes del Estado. “La consulta previa es una herramienta muy importante”, sostuvo Giano y destacó “la búsqueda de consensos y la apertura al diálogo de las fuerzas políticas” con representación legislativa.

Los senadores también observaron un proyecto de ley que propone la creación de un Juzgado de Familia en la ciudad de Paraná, con intervención en todo el departamento. Esto será también parte de la agenda de trabajo con el STJ.

Aranceles de abogados

Después se avanzó en el proyecto de ley que propone modificaciones a la ley 7046, referida a los aranceles de abogados y procuradores. La propuesta indica que “toda resolución de honorarios deberá fundarse citando las normas de esta ley que resulten aplicables” y agrega que “cuando los Magistrados redujeren los honorarios aplicables en función del art. 1627 del C.C., deberán expresar fundadamente las razones que llevaron a tal disminución”, siendo “causal de mal desempeño en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y susceptibles de remoción, los Magistrados que no ajustaren su conducta a las preceptivas de la presente ley”.
En los fundamentos del proyecto se explica que dado el carácter de orden público que posee la Ley de Aranceles, los Magistrados no pueden regular por debajo de la misma, agregando que si es de aplicación el artículo 1627 del Código Civil, será obligación de aquéllos explicar los motivos que dieron lugar a su determinación, lo que implicaría que todo Magistrado que se aparte de sus normas debe ser juzgado conforme a la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados por considerarse el apartamiento de la normas causa grave de mal desempeño.

Giano y Kisser comentaron a sus pares que ayer mantuvieron una reunión con la conducción del Colegio de Abogados de Entre Ríos, abriendo un canal de diálogo y consulta permanente. “Seguramente en este y otros temas, los abogados entrerrianos opinarán antes que el expediente llegue al recinto”, explicó Giano.

Se determinó enviar al archivo dos proyectos de ley. En uno se gestionaban exenciones impositivas y el otro apuntaba a crear el instituto provincial de Industrias Penitenciarias.

El trabajo cerró con un análisis del articulado del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reglamenta la categorización y regulación arancelaria de los servicios que prestan los bomberos de la policía de Entre Ríos.

(Prensa Bloque FPV)